Carlos Barreiro, mente pensante de Con permiso, nos ofrece un interesante análisis sobre la reforma del Senado:
Uno de esos asuntos políticos olvidados, que parecen no tener solución, es la eternamente pendiente reforma del Senado. Diseñada desde 1834 como una cámara de hombres notables, compuesta por militares de alta graduación, obispos, nobles, miembros de la realeza, altos dignatarios y ciudadanos pertenecientes a las grandes fortunas del país, desapareció temporalmente con la proclamación de la Segunda República.
Senado (imagen becarioenmoncloa.com)
Tras el largo paréntesis del franquismo, el Senado reapareció en la primera legislatura democrática, como una cámara cuyos componentes eran elegidos por designación real. Con la aprobación de la Constitución de 1978, el Senado quedó configurado como un órgano de representación territorial, designado directamente por los ciudadanos en elecciones libres y por los parlamentos autonómicos. De este modo, se rompió la tradición elitista que tuvo siempre esta institución, acercándonos teóricamente a los tipos de senado que tienen estados federales como EE.UU., Alemania, Suiza, Austria, Brasil, Méjico y Australia.
Pero, la forma de elegir a los senadores y la subordinación completa de este órgano a las decisiones del Congreso de los Diputados han desdibujado lo que es realmente una cámara de representación territorial. En la actualidad, los escaños al Senado son repartidos por provincias y no por las CC.AA., lo que carece de toda lógica en un modelo autonómico como el nuestro. Además, esto hace que se rompa completamente el principio de proporcionalidad, pues Soria con un censo inferior a 100.000 habitantes elige los mismos senadores que Madrid con un censo superior a los cuatro millones. Por otro lado, la falta de poder real del Senado frente al Congreso ha convertido a esta cámara en una simple correctora de leyes. Su función se reduce a una mera revisión legislativa, pues las leyes terminan siempre aprobándose en el Congreso de los Diputados.
Claramente, esta institución necesita una reforma profunda. Varias son las opciones que caben para desarrollarla. Si nos olvidamos de las opciones de la desaparición y la de reconversión de nuevo en una cámara de notables, parece evidente que lo sensato, lo lógico y lo más constitucional sería profundizar en su papel de representación territorial.
Para llevar a cabo esta reforma, tendrían que ser las CC.AA. las que eligieran a los senadores. Esto se podría llevar a cabo a través de unas elecciones (como sucede ahora en España y en EE.UU.), o de forma directa, siendo los parlamentos autonómicos los que eligieran a los senadores (como sucede en Austria), o bien los propios gobiernos autonómicos (como sucede en Alemania). En cualquier caso lo que si habría que dejar claro es si se tiene en cuenta la población de las diferentes CC.AA. a la hora de repartir los escaños. Para mí no sería correcto que todas las Comunidades Autónomas contarán con el mismo número de senadores, alguna corrección por población habría que realizar, aunque no se llegara a una completa proporcionalidad.
También se podría estudiar alguna fórmula para que las entidades regionales menores (Diputaciones Forales y Provinciales, Cabildos, Consejos Insulares y Ayuntamientos) contarán con algún tipo de representación, aunque menor que la que ostenten las CC.AA.
Pero quizá el aspecto más complicado sea el de equiparar los poderes legislativos del Senado a los del Congreso. Conceder al Senado el derecho de veto de muchas leyes, o por lo menos de las que afectaran a las competencias de los entes territoriales (la mayoría). Claramente, de aumentar los poderes del Senado, se arreglarían dos graves problemas de nuestro sistema político. Primero se reducirían las tensiones existentes entre los partidos nacionalistas y no nacionalistas, y entre las diferentes CC.AA. Pues esos problemas se podrían dirimir mejor en el Senado, dejando al Congreso para los asuntos verdaderamente nacionales. Y segundo se repartiría mejor el poder, pues es muy posible que un partido tuviera mayoría en una cámara, pero no en la otra. Esto obligaría a buscar pactos y consensos, reduciendo la crispación y obligando al Gobierno a contar más con la oposición.
Desde luego, son muchos años aplazando lo inevitable. Los intentos de reformar la Constitución para reconvertir el Senado en una cámara verdaderamente territorial, planteados en 1994, 1996 y 2001, fracasaron estrepitosamente, y la promesa electoral de Zapatero ya lleva más de cinco años de retraso. Casi todo el mundo está de acuerdo en hacer algo, pero siempre se aplaza el asunto porque no es oportuno. Muchos años llevamos ya de retraso en un asunto vital para la estructura de nuestro Estado, cada vez más frágil y más dividido. Esperemos que no se demore más tiempo lo imprescindible.
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